El diario El País informa hoy que la Generalitat ha iniciado los trabajos para reclutar a unos 250 jueces que empezarían a ejercer en Cataluña si se consuma la independencia. El departamento de Justicia considera que ese es el número de vacantes que se producirían en la plantilla actual, de casi 800 jueces y magistrados, si se materializa la secesión. El trabajo de búsqueda de los nuevos profesionales lo dirige Santiago Vidal, el juez de la Audiencia de Barcelona que fue suspendido durante tres años por participar en la redacción de un borrador de Constitución para Cataluña.

El Consejo General del Poder Judicial suspendió a Vidal a finales del pasado febrero y este fue contratado el 1 de julio como personal eventual por el Departamento de Justicia para dirigir la redacción del Libro Blanco de la Justicia en Cataluña.

El propio Vidal explicó a EL PAÍS que en ese marco recibió el encargo del consejero de Justicia, Germà Gordó, para que realizara una estimación de los jueces, fiscales y secretarios que se irían de Cataluña cuando se constituya el nuevo Estado. Las cifras de bajas estimadas son de 250 jueces, 170 fiscales y 200 secretarios judiciales. Todos esos profesionales forman parte de los llamados cuerpos nacionales, adscritos ahora en nómina al Ministerio de Justicia.

Uno de esos entrevistados relató a EL PAÍS que Vidal le anunció que las vacantes se cubrirían con un simple concurso de méritos y una entrevista personal. Según la versión del abogado implicado, la entrevista duró cerca de una hora, durante la cual Vidal le hojeó un borrador de lo que sería la convocatoria y le aludió a la nueva situación política y a la necesidad de que los jueces estén comprometidos con el nuevo Estado. Vidal niega este último extremo y asegura que la pretensión de la Generalitat es que la justicia que se imparta en una Cataluña independiente esté “totalmente despolitizada”.

Sin oposición y con catalán escrito y hablado obligatorio

Santiago Vidal explicó que para la incorporación de los nuevos jueces no se celebraría oposición y que el único requisito obligatorio sería tener un mínimo de 10 años de experiencia como abogado y un perfecto conocimiento oral y escrito del catalán. “Si nos hemos pasado tantos años reclamando que sea un requisito, ya es hora de poderlo exigir”, dijo.

En su opinión, el sistema para proveer las plazas sería similar al del llamado tercer o cuarto turno que desde hace años no convoca el Ministerio de Justicia. Esa vía, empleada por el PSOE en la época de Felipe González, permitió la entrada en la judicatura de juristas con experiencia. Pero, además de eso, tenían que examinarse de Derecho ante un tribunal que era el mismo que después examinaba a los opositores a la judicatura.

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